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Miércoles, 13 de junio de 2018

“El cambio de política antiterrorista del PP quedó patente con la excarcelación anticipada, en agosto de 2012, del etarra Josu Uritxeberria Bolinaga, enfermo de cáncer y torturador de José Antonio Ortega Lara, además de asesino de tres guardias civiles. El Gobierno adujo que su muerte era inminente cuando no era el caso – Bolinaga falleció en enero de 2015, o sea, casi dos años y medio después -. (…) El Gobierno intentó trasladar a otros actores la responsabilidad que recaía sobre el Ministerio del Interior. (…) Al incidir en que la libertad condicional de Bolinaga había sido una decisión judicial tomada por un juez, se intentaba ocultar que estuvo precedida por la concesión del tercer grado penitenciario que autorizó Instituciones Penitenciarias, o sea el Ministerio del Interior. (…) Además, Carmen Baena, la forense de la Audiencia Nacional que estudio los informes del recluso, concluyó que Bolinaga no se encontraba terminal y que podía ser tratado en prisión, a pesar de lo cual el Ministerio del Interior no revocó el tercer grado del recluso. La opinión del forense, que denunció haber recibido presiones, fue avalada por el Pleno de la Junta de Directores del Colegio de Médicos de Madrid. (…) De media, más de un centenar de presos morían en cárceles españolas o en sus hospitales de referencia por enfermedades graves, como concluían los informes de Instituciones Penitenciarias. En ellos se constataba que cada año morían bajo tratamiento médico en prisión decenas de internos con cáncer, la misma enfermedad diagnosticada a Bolinaga”.

“Sus lloros son nuestras sonrisas y terminaremos a carcajada limpia”.

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